La disputa por el financiamiento de terapias para personas con discapacidad suma tensión política y social. Desde el colectivo de discapacidad, referentes como Marcela Kriskovich piden que la Cámara de Diputados rechace el veto presidencial que dejó sin efecto la ley recientemente aprobada.
“Si no hay recomposición de aranceles, las terapias se convertirán en un privilegio”, advirtió Kriskovich, quien además denunció que durante una protesta pacífica en Plaza Congreso la policía y gendarmería reprimieron a manifestantes, entre ellos niños y personas con discapacidad.
La referente señaló que este reclamo “atraviesa a toda la sociedad”, ya que detrás de cada persona con discapacidad hay familias, amigos y entornos que también se ven afectados. El colectivo exige que los legisladores actúen con independencia y compromiso, sin dejarse influir por intereses externos. “Esto no es un gasto, es una inversión en derechos humanos y en dignidad”, subrayó Kriskovich.
